Esta mañana se ha reunido en Paraninfo el Consejo de Gobierno de la Universidad de Zaragoza. En él se ha presentado, por parte de diversos colectivos estudiantiles, del PDI y del PAS, la siguiente declaración que ha sido aprobada pese a existir 2 votos en contra.
El Consejo de Gobierno de la Universidad de Zaragoza rechaza rotundamente el Real Decreto-ley 14/2012 de 21 de abril por considerar que perjudica gravemente el modelo de Universidad pública y atenta contra el derecho de igualdad de oportunidades garantizado en el marco legal vigente.
Manifestamos igualmente nuestra reprobación al procedimiento seguido para implantar por sorpresa medidas de trascendencia sin exponerlas, debatirlas y consensuarlas con los representantes de la comunidad universitaria.
Ni en el fondo ni en la forma podemos aceptar esta imposición contraria a los principios de la autonomía universitaria, lacerante para nuestros estudiantes presentes y futuros, y lesiva para el colectivo de trabajadores universitarios.
La subida de los precios públicos golpea económicamente a los más débiles, excluye a un amplio sector de la ciudadanía especialmente vulnerable en un momento de profunda crisis y, en consecuencia, resulta inútil para paliar la escasa financiación de la Universidad pública aragonesa. El Real Decreto-ley supone, además, una injerencia en aspectos cuya competencia está reservada a las instituciones académicas. Y, por último, establece criterios para valorar la dedicación docente e investigadora que, lejos de introducir un estímulo para avanzar, entrañan un grave retroceso en el camino recorrido. En consecuencia, agrava los problemas de la Universidad pública en lugar de sentar las bases para solucionarlos.
Por todo ello, el Consejo de Gobierno de la Universidad de Zaragoza, entendiendo que este Decreto es un obstáculo para la mejora de la Universidad pública, acuerda:
1. Que las medidas de gasto público contenidas en esta norma de urgencia comprometen la calidad de la Universidad pública y resultan contrarias a sus funciones propias, a la vez que plantean problemas que hacen imposible su aplicación.
2. Demandar al Ministerio de Educación, Cultura y Deporte que retire este Real Decreto-ley.
3. Trasladar al Ministerio de Educación, Cultura y Deporte la necesidad urgente de que los planteamientos para mejorar la Universidad pública sean revisados teniendo en cuenta las opiniones de la comunidad universitaria y respetando su representación legítima.
4. Animar a toda la sociedad a participar en la defensa y la mejora del sistema universitario como servicio público que garantiza progreso, futuro y cohesión social.
